Plan de Salud Provincial.

Sanción: 12/12/1995; Boletín Oficial 09/04/1996

VISTO el Estado de Emergencia General en el que se encuentra la Provincia y que el mismo es un hecho público y notorio y,

CONSIDERANDO:

Que es una connotación verificada la situación a la que hiciera referencia la Conferencia Económica Latinoamericana en su Declaración de Quito de 1984, con arreglo a la cual "América Latina y El Caribe enfrentan la más graves y profunda crisis económica y social del presente siglo, con rasgos singulares y sin precedentes" ha alcanzado, también, las modalidades de atención de la salud de la Provincia.

Que debe entenderse, y muy seriamente, que no se está en presencia de un mero desajuste presupuestario que impide, transitoriamente, atender los requerimientos de los hospitales públicos a través de las asignaciones del presupuesto y las necesidades de los prestadores privados a través de retoques cosméticos al Instituto Provincial del Seguro.

Que por el contrario, se están viviendo las horas finales de un modelo de prestaciones de salud de cuyo marco es menester salir ordenadamente para ingresar en otro.

Que se considera adecuada esta oportunidad y, además, muy propicio el ámbito de la legitimidad democrática encarnado en esa Legislatura para reseñar los lineamientos más importantes de la política de salud del Gobierno provincial.

Que en primer lugar, es menester que el ordenamiento provincial cuente con una norma que actúe como marco normativo del sistema, determinando los derechos de los habitantes de la Provincia a las prestaciones de salud, formulado en términos realistas y no como un catálogo de buenas intenciones, aunque sin despreciar las utopías que, son en definitiva, las que nos permiten resistir las tristezas de los presentes clausurados. Tal marco normativo, que integrará el Plan de Salud Provincial previsto en el artículo 41 de la Constitución de la Provincia, deberá ser elaborado utilizando los mecanismos de participación previstos en dicho artículo constitucional, toda vez que, además de dar cumplimiento a nuestra Constitución, es imprescindible que los Intendentes Municipales, los legisladores, los pastores de las diferentes manifestaciones religiosas, los médicos y los auxiliares de la salud pública, las personas de buena voluntad de los distintos departamentos de la Provincia, exterioricen, hagan llegar las vivencias de los muy serios, gravísimos males que aquejan a la salud de importantes sectores de nuestra población, los niños, los aborigenes, los carentes en general. Tales mecanismos de participación podrán estar a cargo del Consejo Económico y Social en el supuesto caso que el mismo hubiere sido organizado al tiempo de formularse tal marco normativo. En caso contrario, al Poder Ejecutivo preverá las técnicas de participación que deberán actuar en cumplimiento de la directiva contenida en el artículo 41 de la Constitución de la Provincia. Que en segundo lugar, el Poder Ejecutivo, en ejercicio de la potestad gubernativa en materia de salud, opta por los mecanismos de la solidaridad, de conformidad con lo dispuesto por el Preámbulo de la Constitución de la Provincia, en línea con su artículo 9º. Tal decisión por la solidaridad da lugar a la actuación de la técnica del seguro, a cargo del Instituto Provincial del Seguro, el que deberá seguir actuando hasta tanto se llegue al ideal de un seguro nacional de salud como agente de financiación de todo el sistema. Tal modelo, basado en el valor de la solidaridad en la etapa de la recaudación de fondos para su financiación, deberá dar lugar, empero, a los mecanismos de asignación de aquellos con las técnicas de mercado, para asegurar la eficiencia del gasto. Para ello se impulsará la actuación hospitales públicos de autogestión, como modificación del sistema por el lado de la oferta, técnica que, a su vez, ayudará a superar el antiguo prejuicio del hospital público concebido como el lugar en el que se atiende a los pobres. El Hospital de autogestión debe constituirse, asi, en un ámbito de prestaciones abierto a todos aquellos que deseen utilizar sus servicios. Quienes pueden pagar por ellos deberán hacerlo como manifestación de una actitud solidaria, pero, además, teniendo en cuenta que la preservación de la propia salud constituye una obligación conforme surge de la caracterización como "deber" de la preservación de la salud, en el artículo 40 de la Constitución de la Provincia. Quienes no pueden pagar por tales prestaciones deberán ser atendidos con la misma solicitud que aquellos. Pero, por cierto, corresponderá a los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud que actuarán en tales hospitales públicos de autogestión, estar a la altura de tal responsabilidad. Que en tercer lugar, la política en materia de salud requiere de ciertas acciones convergentes con las más importantes obras sociales de jurisdicción nacional con actuación en nuestra Provincia, tales como las comprensivas de los jubilados y pensionados de jurisdicción, trabajadores rurales, bancarios y de comercio, toda vez que soló a través de tales acciones convergentes será posible asistir a la mayor cantidad de habitantes de la Provincia. El capítulo Reestructuración de los Hospitales Públicos reconoce como su antecedente al Decreto 578-93 del Poder Ejecutivo Nacional aunque profundizando sus soluciones y recogiendo, entre ellas, la cuestión de la atención médica de las personas nacidas en países vecinos, especialmente Bolivia. Es menester comprender que los lazos geográficos e históricos nos vinculan irrevocablemente con la República de Bolivia, y tener presente, además, los singulares aportes de la mano de obra boliviana en nuestra actividad agrícola. Pero pesa sobre los mismos la idea de deber antes referida exigible a quienes puedan contribuir a ello o exigibles al Gobierno de su país de origen.

Que el Poder Ejecutivo está seguro que, a través de los convenios internacionales autorizados por el artículo 124 de la Constitución Nacional a celebrase con las autoridades de la República de Bolivia, se arbitrarán soluciones razonables.

Que por último, en el presente Decreto de Necesidad y Urgencia, al igual que en otros remitidos a la Legislatura, se ha utilizado la técnica de la ley de principios, que conforme se verá, está asociada, en nuestra realidad institucional a la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo.

Que habida cuenta de la similitud normativa del artículo 99 inciso 2º de la Constitución Nacional que corresponde al anterior 86 inciso 2º, y del artículo 141 de la Constitución de la Provincia, cabe la aplicación de las doctrinas jurisprudenciales sentadas por Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia. En primer lugar, cabe señalar que en el artículo 1º de la Constitución de la Provincia consta la opción por el Estado social de Derecho, bajo las voces "democracia social de Derecho". Tal opción determina, por cierto, modificaciones en la tradicional concepción de la ley. En efecto; en la concepción del clásico Estado de Derecho del primer liberalismo, las leyes, conforme lo enseña Forsthoff creaban un marco para la acción, tal el caso de los Códigos, con arreglo a los cuales quienes así lo querían compraban, vendían, constituían sociedades, etcétera.

Que con la aparición del Estado social de Derecho las leyes, muchas veces, son ellas mismas acción, en el sentido que habilitan, dirigen y regulan las conductas activas del Estado. Por ello, y conforme lo enseña Manuel Garcia - Pelayo en las "Las Transformaciones del Estado Contemporáneo", por "el carácter instrumental de la ley, la imposibilidad de entrar en especificaciones técnicas, por la necesidad de adaptación a las necesidades cambiantes" aparecen, junto a las formas clásicas de la ley, las "leyes medida, las leyes cuadro, las leyes programas".

Que en el mismo sentido, se tiene dicho que, al lado de la tradicional concepción de la ley como orden general y abstracta, han aparecido nuevas formas tales como las "leyes medidas" (leggi provvedimento), las "leyes contratos", las "leyes incentivos", las "leyes de programación", las "leyes de principios o leyes cuadro", las "leyes procedimentales". Las "leyes financieras", etcétera. Las "leyes de principio", "leyes cuadro" no establecen directamente la disciplina de determinadas relaciones o situaciones jurídicas, sino que se limitan a establecer los criterios a los cuales otros sujetos deben atenerse para producir tales reglamentaciones. Además, la legislación por principios es, a veces, una elección obligada por el tipo de materia que no se presta a una regulación en la sede legislativa, toda vez que exige valoraciones de orden técnico y adecuamientos a la acción del gobierno, (Zagrebelsky, Gustavo, "Manuale di Diritto Costituzionale", tomo I, "II Sistema delle Fonti del Diritto", páginas 156 a 161, UTET, Turín, 1991). Dicho lo anterior, cabe tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el "leading case" "Delfino" de 1927, registrado en Fallos 148:430, en lo que aqui interesa, sostuvo en primer lugar, que la potestad del Ejecutivo de reglamentar una ley constituye una potestad propia de éste y no una delegación del Congreso y que el ámbito de tal potestad reglamentaria depende del grado de detalle en el cual el Congreso haya querido entrar en la materia de la ley, hasta el punto de que si éste ha previsto todos los detalles, ha reducido, hasta hacerlo desaparecer, el ámbito reglamentario del Poder Ejecutivo. Esta doctrina ha sido invariablemente mantenida por la Corte de Justicia de la Nación. En efecto y corroborando ello, el Alto Tribunal, en sentencia del 2 de diciembre de 1993, dictada en autos "Cocchia, Jorge D. c/Estado Nacional y otro" (La Ley 1994-B-633) ha señalado que tanto los clásicos "reglamentos de ejecución adjetivos" de las leyes, cuanto "los reglamentos de ejecución sustantivos" son manifestaciones de la potestad reglamentaria del Ejecutivo y que no encierran delegación de facultades por parte del Congreso (ver considersando 14).

Que consecuentemente, el Poder Ejecutivo señala su convicción en el sentido de que cuando se utilizan en nuestra realidad institucional las denominadas "leyes de principios" o "leyes marcos" no se hace más que dar lugar al ejercicio de la potestad reglamentaria propia de aquél, pues como lo dijera la Suprema Corte en el caso "Práttico", "tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan pecualiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible preveer anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida".

Que han sido consultados los señores Presidente de ambas Cámaras Legislativas y el señor Fiscal del Estado;

Por ello, El Gobernador de la provincia de Salta en acuerdo general de Ministros y en carácter de Necesidad y Urgencia DECRETA:

Romero; Torino; Lovaglio Saravia; Oviedo; Martinez; Catalano.