ACTA 1/1992
PARLAMENTO LATINOAMERICANO (COMISION DE SALUD)
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I Reunión de Instalación de la Comisión de Salud.
Ciudad: La Habana, Cuba - Fecha: 24 al 27 de Marzo de 1992.
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Considerando que:
1. La salud, estado de equilibrio y bienestar bio-sicosocial es un derecho inalienable del individuo que es responsabilidad de los Estados garantizar.
2. La misma es el resultado de la interacción de los factores que caracterizan el nivel y la calidad de vida de una sociedad. Y tan importante como la atención médica son las acciones dirigidas a satisfacer los requerimientos de educación, trabajo, alimentación y vivienda en un ambiente social y sanitario adecuado y en pleno goce de derechos y libertades.
3. El desarrollo de nuestras naciones sólo es comprensible en un marco de creciente justicia social, que asegure no sólo un crecimiento económico progresivo, sino una cada vez más justa y equitativa distribución de la riqueza, que viabilice el derecho al pleno goce de la vida en salud.
4. La situación económica tiene estrecha e inevitable relación con la salud de los pueblos, no sólo a través de la asignación de recursos presupuestales, sino por su repercusión sobre los demás componentes del nivel de vida de la comunidad.
5. La actual situación económica de América Latina caracterizada por la incidencia perjudicial de la deuda externa, el estancamiento, el flujo negativo de capitales y la aplicación de políticas de ajuste recesivas, repercute negativamente sobre el ya deficitario nivel de grandes sectores de población, disminuyendo los recursos para la atención médica, acentuando la injusticia, la falta de equidad y de accesibilidad de la misma y los demás componentes del nivel de vida de nuestros pueblos.
6. El financiamiento de todas las actividades económico-sociales y médico sanitarias dirigidas a la protección de la salud, no debe ser considerado como un gasto sino como una inversión productiva y humana. Resulta trascendente definir con la asesoría de organismos especializados (OPS) el concepto de inversión en salud.
7. Es asimismo necesario procurar la mayor racionalización en la utilización de los recursos asignados al sector, mejorando su eficacia y eficiencias y enfatizando y privilegiando las actividades dirigidas a la promoción y prevención, y a la Atención Primaria de Salud de cuya trascendencia sanitaria hay claros ejemplos en la región.
8. Es indispensable la adopción de políticas de salud, que tendrán que caracterizarse por su estabilidad en el tiempo, su coherencia, su factibilidad económica y su visibilidad social y que deben surgir del más amplio diálogo y participación de sectores políticos y sociales, a resguardo de cambios de conducción de gobiernos, constituyéndose en trascendentes políticas de Estado.
9. Es frecuente en nuestros países la existencia de múltiples sectores de atención médica, carentes de coordinación, integración, control y supervisión, lo que provoca superposiciones coexistentes con insuficiencias e ineficiente utilización de recursos; factores que conspiran contra el necesario incremento de la cobertura, en especial hacia los sectores más carenciados y contra el mejoramiento de sus requisitos esenciales.
10. La excesiva centralización ejecutiva dificulta el normal desarrollo de las actividades de salud y provoca insatisfacción en el usuario y en el equipo de salud.
11.Se han desarrollado en América Latina importantes esfuerzos de instalación y perfeccionamiento de estructuras sanitarias de alta complejidad y costo, que se encuentran en el mayor nivel de categorización, con el concurso de capacitados recursos humanos y alta tecnología, que merecen la confianza, el apoyo y la solidaridad de los pueblos y gobiernos latinoamericanos, sin embargo, el acceso a ellas por parte del enfermo latinoamericano es limitada frecuentemente por razones económicas y los que pueden acceder a ella, recurren a otros continentes.
12. La actual presencia del cólera en los países de América ha dejado en evidencia la deficiente realidad sanitaria, comprometiendo la salud, la ecología y la economía. La unidad, en torno a su enfrentamiento, será una demostración de la capacidad de integración de nuestros pueblos.
13. Es necesario reafirmar el respeto a las resoluciones soberanas de los pueblos y gobiernos democráticos de los Estados, que en consideración a sus condiciones y características peculiares, adoptan e instrumentan las disposiciones más acordes a sus realidades.
Se acuerda:
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1. Recomendar el incremento de la participación del sector salud en los presupuestos de nuestros países en forma inmediata y progresiva.
2. Sugerir la instrumentación de mecanismos de administración y control que procuren mejorar el rendimiento de los recursos asignados, asegurando la indispensable calidad y calidez de las prestaciones y su eficacia en términos crecientes de eficiencia.
3. Complementar las acciones de atención médica con aquellas dirigidas a mejorar la situación sanitaria del medio, en especial abastecimiento de agua potable y saneamiento, así como actuar positivamente sobre los demás componentes del gasto social.
4. Sugerir la adopción de políticas de salud claramente explicitadas, de indispensable estabilidad, resultantes de la participación de fuerzas políticas y sectores sociales, que aporten el consenso que torne posible viabilidad. coherencia y factibilidad de planes y programas a corto, mediano y largo plazos.
5. Recomendar la instalación de un sistema nacional único de salud de gestión estatal o mixta que contemplen la adecuada coordinación e integración de acciones y servicios y la aplicación de claros conceptos de regionalización, centralización normativa y descentralización ejecutivo tendientes a la autogestión. Se remarca asimismo, la necesaria participación en su conducción de todos los sectores involucrados, en especial los usuarios.
6. Promover la utilización preferencial de los recursos de alta tecnología y complejidad existentes en América Latina, aplicando criterios de regionalización y calificación de hospitales, en lo pertinente a asistencia, docencia e investigación, a los que actualmente tiene escaso o ningún acceso un importante número de habitantes de la región.
7. Respaldar la Declaración de Ministros de Salud realizada recientemente en Buenos Aires, referente al cólera, apoyar los planes de Acción Nacional derivados de la cumbre mundial en favor de la infancia que adoptó la declaración mundial sobre la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño y comprometer la acción parlamentaria en la implementación de las resoluciones emanadas de dichas declaraciones.
8. Sugerir la adopción de fórmulas legales que permitan normatizar y controlar aspectos éticos inherentes al desempeño del equipo de salud.
Aprobado en La Habana, Cuba, el día 24 de marzo de 1992, en la Plenaria Final de la Comisión Permanente de Salud, Trabajo y Seguridad Social del Parlamento Latinoamericano.
Tema Trabajo y Seguridad Social
Tema concurrente de participantes fue la apreciación de la puesta en marcha, en mayor o menor grado, de una política neoliberal, como expresión de un neocolonialismo y de una anexión de las economías latinoamericanas a los intereses hegemónicos de potencias capitalistas.
Interés fundamental de las posiciones neoliberales es entrar a un proceso de privatizaciones de empresas públicas y de servicios con el argumento de que el Estado es ineficiente y burocratizante.
La privatización indiscriminada que surge de la revalorización del mercado, lo único que provoca, en muchos casos, es desocupación, por lo tanto no es admisible dicha política para América Latina. Sin embargo, existen algunas áreas de la economía controladas por el Estado, que no siendo estratégicas podrían ser privatizadas. Se subrayó que la seguridad social, la atención de salud, saneamiento ambiental y otros no pueden ser privatizadas a riesgo de tener ciudadanos de 1ra., 2da., y 3ra. categorías. Es necesario que el Estado asuma esta responsabilidad para garantizar niveles de justicia social.
Es necesario poner atención sobre los medios de comunicación masiva, que se han convertido en los mayores defensores de las políticas neoliberales y que se encargan de ocultar las realidades de los efectos nocivos de dicha política, para que desde los Parlamentos respectivos se tomen las decisiones oportunamente, para garantizar la libertad de expresión.
Los gobiernos de América Latina sufren la presión que proviene de los acreedores, de los inversionistas y de la propia realidad, para realizar permanentes ajustes en el manejo económico. Dichos gobiernos, en general, terminan cediendo a las presiones de los acreedores y del FMI, como también de los inversionistas. En consecuencia toman medidas de carácter fiscal, de devaluación, de incremento del costo de los productos de primera necesidad, de disminución de los presupuestos dedicados al área social y una deliberada despreocupación en el desarrollo de la ciencia y la técnica, de estancamiento de salarios, lo que da como resultado que el ajuste sólo se hace por el lado de los trabajadores y de los sectores populares y no por el de los empresarios.
Los Parlamentos de América Latina, si bien es cierto, deben legislar para modernizar el marco jurídico respectivo, deben mantener actitudes de defensa y soberanía de la nación en beneficio de las grandes mayorías y no de reducidos grupos de poder.
En América Latina las políticas de ajustes que recaen en los trabajadores y pueblo en general, provocan reacciones populares que los Parlamentos deben recoger como un indicador de convulsión social y tomar posiciones en defensa de las conquistas sociales.Es necesario que los Parlamentos latinoamericanos fortalezcan su actitud integracionista y que se consolide el PARLATINO, ya que de esta manera se aseguran posiciones conjuntas y no unilaterales.
Se anotó también que el problema de América Latina no es tanto la ausencia de un marco legal adecuado, sino del irrespeto e incumplimiento de las leyes. De aquí que se hace necesario que en los Parlamentos latinoamericanos se fortalezca la institución del control político y se apoyen las instancias de control del Estado y de la administración de justicia.
Se propuso que ante la crisis que vive América Latina, la pretendida imposición del neoliberalismo, el agresivo proceso de privatización, el Parlamento Latinoamericano apruebe una carta social que contenga los puntos fundamentales del comportamiento en el área social de los gobernantes de América Latina. Esta carta social será discutida y aprobada por los Parlamentos respectivos y enviada a los correspondientes ejecutivos y que sea suficientemente defendida por el PARLATINO.
Se propuso una moción de solidaridad del PARLATINO con el pueblo de Cuba y el rechazo al bloqueo impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
La seguridad social, se dijo, constituye un derecho inherente e inalienable del ser humano. La seguridad social es la posibilidad de que el ser humano tenga condiciones adecuadas de vida.
La seguridad social, como la educación, el trabajo, la libertad de expresión, constituyen un derecho fundamental.
Es el Estado, como organización política de la sociedad, el responsable de garantizar a todos los ciudadanos la seguridad social.
Esta es una obligación, elevada en muchos casos a disposición constitucional y que el Estado debe cumplir y en ningún caso renunciar a la misma y que a través de ésta se concrete el principio fundamental de solidaridad humana.
Los gobiernos de América sumidos en una situación de crisis económica y presionados por fuerzas externas han reajustado sus economías, afectando en el mayor de los casos, los presupuestos dedicados a la seguridad social.
Esta situación ha determinado que la prestación de servicios de la seguridad social por parte de las instituciones estatales, sea, con excepción de Cuba, deficiente y reducida. Igualmente, ha conducido a una situación de crisis de la seguridad social.
Frente a esta situación y respondiendo a una concepción global que revalorice el mercado, se pretende superar la crisis de la seguridad social manejada por el Estado a través de la privatización de ésta.
Opinión generalizada fue que la crisis de los servicios de seguridad social por parte de instituciones estatales no se supera a través de la privatización, por el contrario, se agudizaría y dejaría al margen y desprotegidos a grandes sectores de la población, sobre todo a aquellos más vulnerables.
La superación de la crisis de la seguridad social en América Latina requiere afirmar la concepción de que el Estado, sin actitudes paternalistas es el llamado a modernizar las instituciones de seguridad social, buscando eficiencia y mayor cobertura.
Así concebida la seguridad social deben los Parlamentos latinoamericanos discutir y aprobar condiciones adecuadas para la jubilación, para la protección de la mujer trabajadora, para la legislación del menor, para la ampliación de la cobertura de seguridad a la población sin relaciones contractuales (campesinos y sector informal), para una atención descentralizada y desburocratizada.
De esta manera, a través de la seguridad social el Estado asegurará niveles de solidaridad social, garantizará la preservación del recurso humano, una adecuada retribución de los esfuerzos de los trabajadores, una conveniente redistribución de riqueza y la preservación de la estabilidad social.
Los Estados y los Parlamentos, deben desarrollar instrumentos legales y políticos para la prevención de las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Deberán establecerse mecanismos de fiscalización por el Estado, los Parlamentos y entidades de los trabajadores y las empresas, a fin de que se cumplan estas disposiciones legales. Que los trabajadores puedan solicitar cambio de puesto de trabajo cuando las condiciones de protección e higiene no sean las adecuadas.
Exigir la prohibición de ejercitar exámenes a la mujer sobre su estado de gravidez o esterilidad como condición para admitirla o no en un puesto de trabajo.
Teniendo en cuenta que en América Latina, excepto Cuba, una gran proporción de trabajadores son menores de edad y que la mayor parte de las legislaciones prohíbe el trabajo de menores o lo regula sólo como excepción, se hace necesario que los Parlamentos nacionales, recogiendo información sobre la realidad del trabajo de los menores en cada uno de los países, determine la conveniencia de establecer normas que protejan y garanticen la seguridad, las condiciones de salud y el acceso a la educación de los menores.
La integración sub-regional y regional permite la movilidad de fuerza de trabajo de una país a otro, los Parlamentos nacionales deben analizar la posibilidad de garantizar la atención de la seguridad social, incluida la jubilación y más servicios, a un ciudadano que habiendo trabajado en su país natal se encuentre para su retiro en otro país.
Aprobado en La Habana, Cuba, el día 27 de marzo de 1992.
Resolución Final
La Comisión Permanente de Salud, Trabajo y Seguridad Social del Parlamento Latinoamericano aprueba las resoluciones de las dos subcomisiones actuantes:
Destaca la crítica situación en salud, el trabajo y la seguridad social en la región, tal cual se expresa en los informes precedentes.
Resalta que la misma es consecuencia del deterioro de la situación socioeconómica regional, provocado por la incidencia perjudicial de la deuda externa, el estancamiento, el flujo negativo de capitales y la aplicación de políticas de ajuste recesivas.
La magnitud del problema regional requiere de actitudes y medidas integracionistas. Por lo que se expresa la esperanza de que el proceso de integración latinoamericana que el Parlatino representa, contribuya eficazmente a la superación de la crisis.
Los parlamentarios participantes comprometen su esfuerzo legislativo y político en procura de la consagración de iniciativas vinculadas a los enunciados precedentes.
La Comisión expresa su deseo y disposición de efectuar un permanente seguimiento de la situación sanitaria de la región y continuar el análisis de fórmulas que permitan contribuir a la obtención de los objetivos establecidos.
La Habana, 27 de marzo de 1992.
Acuerdo sobre la Salud de los Trabajadores
Considerando que:
1. La ocurrencia de accidentes, enfermedades, desgastes y muertes prematuras como consecuencia de la actividad laboral en nuestros países constituye un grave problema de salud pública. Como ejemplo, se menciona que anualmente en América Latina y el Caribe ocurren por lo menos 10 millones de accidentes laborales y 50.000 casos fatales(1).
(1) OPS/CEPIS. Seguridad e Higiene en América Latina y el Caribe. Lima, CEPIS. 1976
2. Esta dramática situación de deterioro y depredación de la vida en el trabajo se refuerza por la carencia de políticas nacionales de salud que den la importancia necesaria a la defensa y promoción de la salud del trabajador, conformando instancias de participación de los trabajadores y de los otros sectores en el diseño de tal política.
3. Este problema se origina en los modelos de desarrollo tecnológicamente dependientes (exportación de bienes injustos, con graves consecuencias no sólo sanitarias y ecológicas, sino de depredación del recurso humano, fin y principal acto del desarrollo de nuestras naciones.
4. Que no todos los Gobiernos y Parlamentos han ratificado los Convenios que en materia de Salud, Seguridad e Higiene Ocupacional ha formulado la Organización Internacional del Trabajo.
5. Que se están desarrollando procesos de privatización de servicios de salud en el trabajo en el sector público y los seguros sociales, contribuyendo a una mayor desprotección de los trabajadores y sus familias.
Acuerdan:
1. Promover en los países de la región el establecimiento de Políticas Nacionales de Salud que integren la Salud de los Trabajadores, con carácter preventivo y formuladas con participación de los trabajadores.
2. Promover el establecimiento de Consejos Nacionales de Salud de los Trabajadores encargados de la planificación, normatividad, ejecución y control del cumplimiento de las acciones de salud en el trabajo.
3. Plantear la reorganización de las instancias encargadas de la salud de los trabajadores de los Gobiernos (institutos nacionales de salud ocupacional, seguridad social, ministerio de trabajo y otros) con un carácter técnico, profesional, eficiente y participativo, orientados a la prevención y el control riguroso de la normatividad respectiva.
4. Recomendar y exigir a los Gobiernos que desarrollen políticas económicas, laborales y sociales que prioricen la vida humana, en particular la salud de los trabajadores, como principal recurso y uno de los fines del desarrollo.
5. Recomendar a los Parlamentos de la región se comprometan a ratificar los Convenios OIT en Salud, Seguridad e Higiene. Particularmente:
Convenio 148. Protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación de ruido, aire y vibraciones. (21/6/77);
Convenio 155. Seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. (22/6/81);
Convenio 161. Servicios de salud en el trabajo (7/6/85);
Convenio 162. Utilización del amianto en condiciones de seguridad (1986);
Convenio 167. Seguridad y salud en la Industria de la construcción (1988);
Convenio 168. Promoción del empleo y protección contra el desempleo (1988);
Convenio 170. Protección frente a los productos químicos (1988).
6. Promover la defensa de la seguridad social, exigiendo a los gobiernos el desarrollo de una política efectiva en esta materia.
Aprobado en La Habana, 27 de marzo de 1992.
Sugerencias para la elaboración de una agenda parlamentaria de salud
A lo largo de los debates, los legisladores latinoamericanos han planteado importantes temas, los cuales deben ser objeto de un trabajo pormenorizado, a nivel de los Parlamentos nacionales, para poder avanzar en soluciones tanto en materia de la organización de los servicios cuanto a lo relativo a la situación de salud de las poblaciones de la región.
Dada la extensión de cada uno de los temas, se estima conveniente avanzar por etapas y seleccionar para la primera, aquéllos que, sin ser excluyentes, ameritan de un tratamiento urgente.
Se recomienda que se trabaje a nivel de las Comisiones nacionales, promoviendo la concertación subregional y regional sobre los mismos, durante el primer año, luego de lo cual la Comisión podrá evaluar los avances logrados.
La próxima reunión de la Comisión Permanente de Salud, Trabajo y Seguridad Social del Parlatino constituirá otro momento para el intercambio de opiniones y experiencias sobre los temas de la agenda.
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