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V I S T O:
La situación económica, social y política que atraviesa la Argentina de público y notorio conocimiento: y
CONSIDERANDO:
Que desde Diciembre de 2015 se viene aplicando desde el Estado Nacional un modelo económico que afecta directamente el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina;
Que las políticas centralistas, la constante quita de recursos a las provincias, la paralización de la obra pública, la devaluación de la moneda que impacta directamente en la canasta familiar, el encarecimiento de los insumos necesarios para el normal funcionamiento del Estado, la descentralización de los servicios de salud, educación y seguridad, la eliminación de Programas Integrales que brindaban herramientas para la gestión, y el recorte de fondos presupuestarios año a año son el escenario que hemos atravesado en el último periodo;
Que la Patagonia ha sido la región más afectada por el modelo económico implementado desde Nación.
En contrapartida al modelo que desde Nación se ha impulsado, la provincia ha defendido siempre el rol de un Estado Presente, Activo y con el Acuerdo Social Santacruceño, se ha convocado a todos los sectores a buscar dar respuestas políticas a las familias santacruceñas, entendiendo que el eje de nuestra gestión son las personas y no el mercado. Hemos defendido el empleo y los intereses de todos y todas de manera institucional y cuando no obtuvimos respuestas, acudido a la Justicia;
Que en las últimas semanas, las políticas económicas de Nación han profundizado la crisis, sumando una nueva devaluación y el avance sobre recursos de las provincias para responder a una situación creada por quienes fueron sus responsables directos preocupan y genera incertidumbre en la población;
Que los anuncios realizados en las últimas dos semanas por el Estado Nacional son a todas luces arbitrarios, inconsultos y perjudiciales, privando de ingresos y recursos que a las provincias les corresponden por ley;
Que en este sentido, una vez más, el Estado Provincial como representante de los santacruceños y santacruceñas, considera fundamental seguir convocando a todos los sectores para buscar herramientas políticas que den respuestas a la profundización de una crisis que ya existía y sólo se ha ido incrementando producto de medidas que no tienen a la familia como eje. No queremos darle señales al mercado, queremos y debemos darle respuestas a la población de Santa Cruz;
Que es por eso, y entendiendo que la situación económica que atraviesa la Argentina es compleja, que las consecuencias económicas, sociales y políticas son preocupantes; que las decisiones que han tomado en las últimas semanas con Decretos que nos quitan recursos propios y desfinancian a las provincias; que los anuncios realizados solo tienden a profundizar la crisis causada por el modelo económico del Estado Nacional repercutiendo negativamente en la vida de los argentinos y argentinas;
Que a su vez las variaciones importantes y crecientes en el tipo de cambio han provocado alteraciones en los precios generando que en “el mercado” se hable de falta de precios; dificultando enormemente la adquisición de insumos y medicamentos, muchos de ellos de origen y componentes importados;
Que asimismo la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas), ha expresado su preocupación por la realidad Argentina en un duro documento y solicitó que se declare la “emergencia alimentaria y nutricional” para hacer frente al “severo aumento de la indigencia y la pobreza”, instando al Gobierno Nacional a la implementación de medidas urgentes;
Que en el documento los obispos consideran que la ayuda anunciada para los sectores más vulnerables “no sería suficiente para paliar” las consecuencias de la política de ajuste permanente aplicada hace casi cuatro años;
Que las acciones llevadas adelante por el Gobierno Nacional sólo colaboran con la generación de incertidumbre, contribuyen a la confusión, y afectan las posibilidades de planificación a futuro de las familias argentinas; afectando especialmente a quienes ya no tienen empleo, producto de la destrucción de fuentes de trabajo que ha sido una constante desde diciembre de 2015;
Que es a este sector, el más vulnerable, a quienes la inflación descontrolada más impacta y es a quienes el Estado Presente debe dar respuestas, como ha sido siempre en nuestra provincia. Ahora más que nunca desde el Gobierno de Santa Cruz, consideramos que todos los sectores debemos trabajar en conjunto, en pos de las familias más afectadas por la situación generada por un modelo de exclusión desde la Administración Central que sólo tiende a profundizarse;
Que esto no es nuevo, pero el ritmo de aceleración de la inflación y su carrera de precios ya no permiten mantener la ecuación económica financiera previstas por las leyes para un funcionamiento por lo menos mínimamente ordenado de la economía. Por lo cual la Provincia ha establecido, desde la base del Acuerdo Social Santacruceño, mecanismos que contemplen la atenuación del impacto destructivo de las políticas nacionales en los hogares de la provincia. Por ejemplo (Seguridad Alimentaria, Ser.Sol, plan de atención integral de la Niñez y Adolescencia, etc.);
Que a su vez las adquisiones y procesos de contratación en marcha se ven desactualizados en sus presupuestos, y en muchos casos, ante la inexistencia de los mismos por la negativa de los proveedores a emitir cotizaciones, exigiendo adelantos, además de hacerlo en moneda extranjera o simplemente pago anticipado;
Que con carácter preventivo y a los efectos de una mayor certeza y fluidez en la gestión administrativa y social de la provincia se hace menester; instruir a los distintos ministerios a profundizar y optimizar sus programas inherentes a resolver cuestiones sociales, además para que efectúen el reclamo pertinente a sus pares de los Ministerios y Secretarías Nacionales para que posibiliten la continuidad y viabilidad de los programas que hacen a la calidad de vida de todos los habitantes de Santa Cruz;
Por ello y atento a Dictámen SLyT-GOB-Nº 576/19, emitido por la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación,
LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
D E C R E T A:
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